Abuso policial y la inacción oficial
En este blog no se escribió nada sobre este tema porque estuve fuera de San José desde el viernes. Sin embargo se discutió ampliamente en otro post (Hora de ser rebelde), eso sí, hasta antes de que La Nación hiciera público (el propio viernes) un video del Congreso que muestra sin espacio para la duda, la brutal agresión de la que fue víctima Evans Marín, por parte de un policía.
Pensé mucho si era pertinente este post, tantos días después de conocido el incidente.
El video captado por la cámara de la Asamblea Legislativa, es la pieza clave que hace de este un caso distinto a otros tantos de supuestas irregularidades, abusos, y atropellos contra ciertos grupos civiles, pero que son como las abducciones extraterrestes: muchos cuentan que les ha ocurrido, pero cursiosamente nadie tiene evidencia. Hablo aquí de casos de todo tipo, desde “me quitaron las calcomanías”, hasta las presuntas irregularidades ocurridas durante el referendo del TLC, de las que oímos dos mil letanías, y aún hoy no hemos visto las pruebas que sustentan la denuncia.
Lo ocurrido el martes 5 de febrero frente a la Asamblea es un hecho gravísimo y lamentable. La evidencia en imágenes nos cierra la boca a quienes -con sobrada razón- dudamos de primera entrada ante el testimonio de quienes nos han acostumbrado a la queja sin asidero.
Pero lo más grave es que al momento de escribir esto, 7 días después del suceso, no se hayan producido consecuencias concretas y firmes por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad, o no sepamos de ellas.
La naturaleza de este hecho, y el momento de polarización que vive el país, en el Congreso y en la sociedad civil, exigen de las autoridades una acción clara, transparente y ejemplarizante. Estamos frente a un animal atropello a garantías elementales como la libertad de expresión, de tránsito, y de información. Un abuso de autoridad policial, que es además una agresión física con un arma, contra un ciudadano. Nada que haya salido de la boca de Evans Marín justifica la vapuleada que recibió. Él mismo le narró el incidente a Radio Monumental.
Las declaraciones del jefe de la delegación de San José, Juan Carlos Arias, el viernes a La Nación son tristes: “Una vez que se haga el análisis, puede ser que se abra una causa administrativa. No se ha tomado acciones porque hay que respetar sus derechos (del policía)”. Los derechos laborales de un policía, por encima de las garantías constitucionales de un ciudadano.
¿A rezarle a quién?
