Lo lograron. Los diputados liberacionistas consiguieron poner a prueba nuestra capacidad de asombro una vez más, cuando este jueves se conoció la convocatoria en sesiones extraordinarias de una propuesta de Reforma Constitucional que pretende extender la inmunidad de la que gozan funcionarios públicos como el Presidente, Ministros, y Diputados, por tiempo indefinido; ¡de por vida!
Según la brillante iniciativa, los exfuncionarios no podrían ser perseguidos ni juzgados por delitos cometidos durante el ejercicio de su función pública, antes deberían someterse al levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso. La iniciativa también propone que la inmunidad de la gozan actualmente los jerarcas se limite a “delitos funcionales” (relacionados con sus funciones propias del cargo que ocuparon), y no cubra delitos comunes (como robo, o manejar borrachos).
La idea levantó un polvorín épico y una avalancha de reacciones de repudio. Por la noche, la presidenta Chinchilla anunció que eliminaría el proyecto de lista de convocados, y más tarde el Ministro de la Presidencia oficializó la retirada.
En el aire quedan muchas preguntas en torno a al proyecto, cuya paternidad se adjudicó el diputado Luis Gerardo Villanueva: ¿Con qué fin se plantea una reforma que en el fondo sirve la mesa para la impunidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos? ¿Qué habría pasado con casos recientemente juzgados, como los de los expresidentes, si una iniciativa similar ya estuviera vigente en el país? ¿Quién, o quiénes, en el PLN tendrían interés en afianzar un modelo en el que resulte casi imposible que se les persiga por posibles delitos cometidos durante su gestión? Qué feo pensar mal.